Ciudad de México.-Con el propósito de fortalecer el derecho de defensa y garantizar el acceso efectivo a la justicia, la diputada federal Blanca Araceli Narro Panameño presentó una iniciativa de reforma para que los jueces ordenen la entrega de copias de los expedientes de investigación directamente en los centros penitenciarios.
La legisladora de Morena planteó modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el objetivo de que las personas privadas de la libertad puedan conocer oportunamente las actuaciones que inciden en su situación jurídica y preparar de manera adecuada su defensa.
Blanca Narro Panameño destacó que, de acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2025 del INEGI, en México existen 236 mil 773 personas privadas de la libertad, de las cuales 86 mil aún no cuentan con una sentencia, lo que representa el 36.3 por ciento de la población penitenciaria del país.
La diputada señaló que esta realidad hace indispensable establecer mecanismos que eliminen los obstáculos que enfrentan las personas internas para acceder a la información de sus procesos judiciales.
“Una parte importante de la población penitenciaria mantiene procedimientos penales en curso y requiere condiciones efectivas para conocer el estado de sus expedientes, preparar su defensa y ejercer los medios procesales que correspondan”, expresó.
La propuesta establece que, una vez autorizadas por la autoridad jurisdiccional, las copias del expediente sean enviadas al centro penitenciario para su entrega al interno, sin modificar las atribuciones de los jueces ni el desarrollo del proceso judicial.
Narro Panameño explicó que la autoridad penitenciaria únicamente fungirá como conducto para hacer llegar la documentación autorizada, garantizando que el internamiento no limite el ejercicio de los derechos procesales.
Asimismo, sostuvo que la iniciativa incorpora criterios derivados de la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de tutela judicial efectiva y acceso a la justicia.
Finalmente, la legisladora subrayó que el objetivo de la reforma es impedir que el internamiento se convierta en una condición de indefensión y asegurar que todas las personas privadas de la libertad puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa.
“Contar con las copias del expediente es un derecho, no un privilegio”, concluyó la diputada federal Blanca Araceli Narro Panameño.
